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Jan 9

La doctrina de forum non conveniens: El caso Figueiredo v. Perú

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Nueva York niega el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero en virtud de la doctrina de forum non conveniens.

A menudo se asume que los laudos arbitrales extranjeros pueden ser ejecutados fácilmente en los EE. UU., especialmente en el Segundo Circuito judicial que comprende los Estados de Nueva York, Connecticut y Vermont. A causa de esta tendencia, las partes demandantes pueden asegurar la ejecución de laudos en Nueva York, donde muchas entidades mantienen activos. Sin embargo, en 2011 la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito (el “Segundo Circuito” o “la Corte”) emitió una decisión denegando tal ejecución en virtud del argumento novedoso de que el Tribunal del Distrito del Sur de Nueva York (el “S.D.N.Y.”) era el foro inadecuado para presentar la solicitud de ejecución del laudo. En cambio, la Corte determinó que tal petición debió haber sido presentada en el Perú, el cual es el país de domicilio del demandado.

En Figueiredo Ferraz e Engenharia de Projeto v. República de Perú, 665 F. 3d 384 (2011) (“Figueiredo”), el tribunal sostuvo que la doctrina de forum non conveniens puede servir como justificación para desestimar las peticiones para la ejecución de laudos arbitrales extranjeros en contra de los activos estadounidenses mantenidos por partes extranjeras. La doctrina jurisprudencial de forum non conveniens, la cual es desconocida fuera de la tradición del derecho anglosajón, consiste en inquirir si el tribunal debe negar competencia a instancia del demandado por la existencia de un foro alternativo más adecuado para resolver una disputa. Dicha doctrina también le concede a la corte la discreción para negarse a conocer un caso, incluso si posee competencia, cuando encuentre que la valorización de los intereses públicos y privados involucrados en la demanda favorecen a la desestimación del caso.

En Figueiredo la mayoría de la corte del Segundo Distrito concluyó que forum non conveniens le impedía a los tribunales federales ejercer jurisdicción sobre una solicitud de ejecución de un laudo arbitral peruano de 21 millones de dólares en contra de los activos neoyorquinos del gobierno del Perú. La decisión Figueiredo ha generado tanto interés como confusión entre abogados extranjeros. Ya que hemos recibido muchas preguntas de abogados Latinoamericanos relacionadas a este caso, abarcaremos una discusión más a fondo sobre este fallo polémico.

Información de fondo 

El arbitraje en el centro de este caso se origina de un conflicto a raíz de honorarios bajo un contrato de consultoría celebrado entre Figueiredo, una empresa brasileña registrada en el Perú, y una agencia del gobierno peruano llamada el Programa Agua Para Todos (el “Programa”). Según el contrato, Figueiredo se comprometió a elaborar una serie de estudios de ingeniería sobre la prestación de servicios de agua potable y los sistemas de alcantarillados en el Perú. Después que un tribunal peruano emitió un laudo a favor de Figueiredo en 2005, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, intentó sin éxito anular el laudo en Lima. Posteriormente, el Programa comenzó a realizar pagos a Figueiredo para cancelar su deuda por el laudo, a pesar de que Figueiredo no había solicitado ni el reconocimiento ni la ejecución del laudo ante una corte peruana.

Hacia el 2008, el Programa sólo había liquidado alrededor de seis por ciento de su deuda total por del laudo (aproximadamente US $ 1,4 millones), alegando en defensa que una ley peruana le prohibía destinar más del tres por ciento de su presupuesto anual para pagos de una sentencia o de un laudo. En respuesta, Figueiredo trató de ejecutar el laudo en contra de los activos del gobierno peruano localizados en Nueva York. A su vez, el gobierno peruano solicitó la desestimación de la demanda de Figueiredo en virtud de la doctrina de forum non conveniens y del principio de cortesía internacional. Como el S.D.N.Y. se negó a sobreseer la demanda de Figueiredo en 2009, el Perú presentó una apelación interlocutoria para exigir que se deseche el caso.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito

Durante la apelación, el Segundo Circuito sostuvo que el Artículo número 4 de la Convención de Panamá constituye una norma discrecional que permite que los tribunales federales tomen en cuenta las doctrinas procesales al decidir si se debe ejecutar un laudo arbitral extranjero. Siguiendo el precedente de Monegasque de Reassurances v. NAK Naftogaz, 311 F.3d 488 (2d Cir. 2002) (“Monegasque”) que determinó que las solicitudes para la ejecución de laudos bajo la Convención de Nueva York pueden ser suspendidas o sobreseídas a causa de forum non conveniens, el tribunal dictaminó que las peticiones de ejecuciones de laudos basadas en la Convención de Panamá también deben ser sometidas al análisis de dicha doctrina.

En Monegasque, el Segundo Circuito confirmó la decisión del S.D.N.Y. en la cual se desestimó la solicitud presentada por un reasegurador monegasco para ejecutar un laudo arbitral emitido en Rusia contra el gobierno de Ucrania. La corte indicó que el tercer artículo de la Convención de Nueva York le concede a las cortes federales discreción para negarse a conocer demandas para solicitar la ejecución de laudos arbitrales extranjeros por cuestiones procedimentales. Citando a la Corte Suprema en American Dredging v. Miller, 510 U.S. 443 (1994), el Segundo Circuito reiteró que forum non conveniens es considerada una doctrina procesal en los EE.UU. y como tal, puede ser aplicada para llegar a decisiones sobre el reconocimiento y la ejecutoriedad de los laudos.

Adhiriéndose al resultado de Monegasque, el Segundo Circuito aceptó la doctrina de forum non conveniens como un motivo válido para desestimar la petición por parte de Figueiredo y procedió a evaluar la decisión del tribunal inferior para justificar su fallo.  La Corte decretó que el S.D.N.Y. había errado en sus conclusiones sobre dos de los factores del análisis de forum non conveniens: la existencia y adecuación de un foro alternativo, y la valorización de los intereses públicos implicados en la selección del foro. La Corte se apoyó en el precedente Norex Petroleum v. Access Industries, 416 F.3d 146 (2d Cir. 2005) para declarar que la idoneidad del foro alternativo en una demanda para la ejecución de una sentencia en contra de los activos del demandado depende de si el demandado posee activos ejecutables en el foro alternativo. La Corte clarificó que un foro alternativo no es considerado inadecuado simplemente porque cause que el demandante recupere menos dinero, y expresó su desacuerdo con la conclusión del S.D.N.Y. de que Nueva York era el foro más apropiado. Además, la Corte rechazó la evaluación del S.D.N.Y. sobre los intereses públicos que favorecían la resolución de la demanda de Figueiredo en un tribunal de estadounidense con relación a un foro alternativo. La corte determinó que la ley peruana que limitaba los pagos de los organismos gubernamentales para liquidar deudas por laudos constituía un factor de alta importancia en el análisis de forum non conveniens y que por lo tanto esta ley justificaba la desestimación de la demanda.

La opinión disidente del juez Lynch

La decisión 2 a 3 del Segundo Circuito inspiró una fuerte opinión disidente del juez Gerard E. Lynch, quien argumentó que Monegasque fue una decisión errónea y que en todo caso, los hechos singulares en Monegasque eran muy distintos a aquellos en Figueiredo y que por consiguiente, el laudo arbitral a favor de Figueiredo debió haber sido reconocido y ejecutado. Recalcando el hecho que el demandante en Monegasque no logró demostrar que el demandado poseía activos ejecutables en Nueva York y tampoco consiguió comprobar que la disputa contractual subyacente, las partes o el arbitraje tenían alguna relación con Nueva York, el juez Lynch destacó que Figueiredo sí logró demostrar que el gobierno peruano mantenía activos ejecutables en Nueva York y que por consecuencia el S.D.N.Y. era el foro más adecuado. El punto más importante de la opinión en discordia, sin embargo, es la advertencia del juez Lynch de que la aplicación de forum non conveniens para denegar la ejecución de laudos válidos socava los compromisos que los Estados Unidos ha asumido bajo las Convenciones de Nueva York y de Panamá, las cuales no reconocen esta doctrina como una causa legítima para denegar la ejecución de un laudo arbitral extranjero.

Epílogo: Aún no debe entrar en pánico

Numerosos juristas se han declarado de acuerdo con el juez Lynch al condenar la decisión del Segundo Circuito, argumentando que la corte indebidamente talló una excepción adicional para impedir el reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros, la cual creará una sombra de incertidumbre sobre la ejecución de laudos en contra de los activos estadounidenses pertenecientes a extranjeros. Sin embargo, no debe entrar pánico ya que ningún demandante ha logrado invocar Figueiredo exitosamente en los tres años desde la emisión del fallo. El hecho que Figueiredo sólo ha inspirado la escritura de artículos jurídicos en vez de nueva jurisprudencia no debe ser motivo de sorpresa ya que forum non conveniens es una doctrina discrecional. Los tribunales que no están dispuestos a negar el reconocimiento de laudos optan por distinguir los hechos del caso Figueiredo y, de todas formas, las cortes poseen amplia discreción para rechazar forum non convenience como defensa del demandado. Incluso con esta decisión formando parte de la jurisprudencia de Nueva York, hasta ahora los tribunales del estado siguen siendo un foro acogedor para la ejecutoriedad de laudos arbitrales extranjeros.

Co-redactado por Walsy Saez y Jennifer Cabrera

Si desea obtener más información sobre el reconocimiento de laudos extranjeros en las cortes de Nueva York, por favor envíe un correo a info@panlegal.net.