Blog

Jan 9

La ejecución de un laudo anulado: El caso Commisa v. Pemex

To read this article in English, click here.

¿Bajo qué tipo de circunstancias las cortes de Nueva York ordenan la ejecución de un laudo arbitral que ha sido anulado?

¿Es posible que un tribunal neoyorquino ejecute un laudo arbitral pese que haya sido anulado por un tribunal competente en su sede? Esta fue la decisión emitida en septiembre del año pasado por un juez del Tribunal del Distrito del Sur de Nueva York (el “D.S.N.Y.”) en el polémico caso de Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral v. Pemex-Exploración y Producción, 962 F. Supp. 2d 642 (S.D.N.Y. 2013) (“Commisa”).   El fallo, que surgió en torno a un laudo arbitral emitido en México en 2009 bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (la “CCI”) y anulado por un tribunal mexicano en 2011, ha sido apelado ante la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, la cual escuchará los argumentos orales de ambas partes el próximo mes. Hasta ahora, la decisión de Commisa sigue siendo precedente válido en Nueva York, lo cual nos recuerda que bajo las circunstancias adecuadas los tribunales estadounidenses se permiten la libertad de cuestionar decisiones de cortes extranjeras de la sede arbitral en su búsqueda de la justicia.

Commisa se trata de un arbitraje acerca de una disputa sobre la rescisión administrativa de diversos contratos celebrados entre Commisa – la filial mexicana de la empresa de construcción y contratista militar estadounidense KBR, Inc. – y PEP, filial de propiedad absoluta de la compañía petrolera estatal mexicana Pemex. El tribunal arbitral le ordenó a PEP a pagar casi 400 millones de dólares a Commisa. En 2010, el D.S.N.Y. reconoció dicho laudo arbitral, sin embargo, PEP inició una batalla agresiva en las cortes mexicanas hasta que el laudo se anuló en 2011 cuando la corte determinó que la cuestión de la rescisión administrativa de PEP no podía ser decidida mediante un proceso arbitral. El Segundo Circuito devolvió el caso al D.S.N.Y. después que PEP apeló la decisión a favor de Commisa.

Tras escuchar testimonios de varios expertos en el área de procedimiento civil mexicano, el juez de distrito Hellerstein volvió a confirmar el laudo arbitral, al hallar que el D.S.N.Y. no necesitaba adherirse al fallo de anulación por parte de la corte mexicana ya que dicha decisión constituía una violación de las “nociones básicas de justicia” y dejaba a Commisa sin ningún recurso para resolver su disputa. En particular, el D.S.N.Y. criticó la aparente aplicación del Articulo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de 2009 (la “Ley de 2009”) de forma retroactiva, pese al hecho que tal ley no fue promulgada sino hasta varios años después de que el arbitraje de la CCI hubiese comenzado. La Ley de 2009 cambió el panorama legal radicalmente en relación a la impugnación de rescisiones administrativas, al establecer el nuevo requisito de que dichas impugnaciones sean presentadas ante un tribunal de derecho administrativo dentro de los primeros 45 días tras la ocurrencia de una rescisión, una condición que se muestra en marcado contraste con el período de limitación estatuaria de diez años que se le aplica a las demandas por incumplimiento de contratos. Al dictaminar que las rescisiones administrativas no podían ser sometidas al arbitraje y que la Ley de 2009 se debía aplicar al caso Commisa, el tribunal mexicano efectivamente privó a Commisa de un foro que escuchase sus quejas.

Para justificar su decisión, el juez Hellerstein se apoyó en el fallo ampliamente criticado In re Chromalloy Aeroservices, 939 F. Supp. 907 (DDC 1996) (“Chromalloy”), para argumentar que en ciertas circunstancias la política pública puede desbancar al principio de cortesía internacional. En Chromalloy, la Corte de Distrito, Distrito de Columbia (el “D.D.C.”) ordenó la ejecución de un laudo arbitral a favor de un contratista de defensa estadounidense y en contra al gobierno egipcio, aunque el mismo laudo había sido nulificado por un tribunal competente en Egipto. El D.D.C. concluyó que el laudo era válido y ejecutable debido a la firme política estadounidense a favor de procesos arbitrales de carácter definitivo y vinculante, y debido a que la corte egipcia había invalidado el laudo por error o por su aplicación incorrecta de la ley, ambas razones las cuales son insuficientes para negar la ejecución del laudo según la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos.

Asimismo, el D.S.N.Y. se guió por los casos Baker Marine v. Chevron, 191 F.3d 194 (2d Cir. 1999) y TermoRio v. Electranta, 487 F.3d 928 (D.C. Cir. 2007) aunque rindieron resultados opuestos a Commisa. En Baker Marine, el Segundo Circuito confirmó la decisión del tribunal inferior de negarse a ejecutar un laudo anulado por una corte competente de Nigeria, en vista a que el solicitante no ofreció “motivos suficientes” para prescindir la sentencia del tribunal extranjero. El expediente mostró que la corte nigeriana había invalidado el laudo al encontrar que el tribunal arbitral había concedido daños y perjuicios indebidamente, excedido el alcance de la cláusula arbitral, emitido laudos contradictorios y admitido pruebas orales incorrectamente.

De manera similar, en TermoRio, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia afirmó la decisión del tribunal inferior de rehusarse a ejecutar un laudo que había sido anulado en Colombia. Después que un tribunal arbitral regido por las reglas de la CCI emitió un laudo en contra de una empresa de servicios públicos perteneciente al gobierno de Colombia, una corte colombiana desechó el laudo, concluyendo que violaba la ley colombiana que ya estaba en vigor alrededor de la fecha de celebración del acuerdo. Las cortes del Distrito de Columbia se negaron a ejecutar el laudo anulado porque no había nada en el expediente que indicara que el procedimiento de anulación en Colombia fue cuestionable, o que la sentencia de la corte colombiana no fue más que auténtica. TermoRío, pp. 930. No obstante, la opinión jurídica del juez Edwards sugiere que la decisión de un tribunal extranjero merece deferencia y respeto a menos que muestre ser “repugnante a las nociones fundamentales de lo que es digno y justo en el estado donde se solicita la ejecución.” Id., pp. 938.

En base a su interpretación de los fallos en Baker Marine y TermoRio, el juez Hellerstein declaró que, en circunstancias extraordinarias, los tribunales federales en los Estados Unidos conservan la discreción de negar deferencia a las determinaciones de cortes extranjeras. Como PEP apeló la decisión del juez Hellerstein, el Segundo Circuito escuchará argumentos orales de ambas partes el 20 de noviembre de 2014. En su memorial legal, PEP ha argumentado que ni el precedente Baker Marine ni TermoRio permiten el tipo de indagación plenaria a la cual el juez Hellerstein supuestamente sometió la decisión de la corte mexicana, y que, de todas formas, Chromalloy nunca logró crear jurisprudencia válida en el Segundo Circuito. A su vez, Commisa ha argumentado que el juez Hellerstein no excedió su autoridad en su análisis de la decisión de la corte mexicana, ya que se limitó a considerar el significado y el efecto de la decisión de anulación en las partes involucradas en la demanda. Además, Commisa argumenta que Baker Marine y TermoRio confirman el fallo de Chromalloy, estableciendo que un tribunal debe pensar dos veces antes de acatar una sentencia extranjera de anulación que contradiga las nociones fundamentales de la justicia desde el punto de vista estadounidense. Id.

Commisa v. PEP ha provocado mucha crítica y debate internacional, ya que sugiere que los tribunales estadounidenses poseen la libertad de cuestionar el análisis de un tribunal extranjero sobre sus leyes internas, y que también pueden priorizar a los intereses públicos estadounidenses ante el principio de la cortesía internacional. A menos que el Segundo Circuito revoque la decisión del D.S.N.Y. en los próximos meses, los tribunales neoyorquinos mantendrán amplia discreción para confirmar y ejecutar laudos arbitrales extranjeros aún cuando hayan sido debidamente anulados en su sede.

Co-redactado por Walsy Saez y Jennifer Cabrera

 

Si desea obtener más información sobre el reconocimiento de laudos extranjeros en las cortes de Nueva York, por favor envíe un correo a info@panlegal.net.